Por iniciativa de dos periodistas y el apoyo de un grupo de ONGs, el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó una ordenanza de acceso a la información pública aplicable a los tres poderes del Municipio y que entrará en vigencia en 120 días. En Pilar aún se aguarda que los concejales se dignen a tratar un proyecto similar presentado por la ONG Propilar.
Según ley del municipio vecino, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir sin costo y sin justificar causa ni interés legítimo, información pública completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con presupuesto público.
En cambio, la experiencia local muestra que no sólo el Concejo le resta importancia al tema argumentando que ya existe legislación al respecto -tal vez se referían a la Constitución Nacional, que en su artículo 38 contempla el derecho de requerir informes a lo tres poderes del Estado sobre sus actividades- sino que las restricciones a la libertad de prensa y acceso a la información son muchas, y no sólo para los ciudadanos comunes sino también para los periodistas.
A modo de ejemplo, cuando WebPilar.com quiso averiguar cuáles fueron las penas aplicadas contra los basurales recientemente clausurados por el Municipio, cuántos son los trabajadores del Concejo Deliberante y sus respectivos sueldos, o a qué valores el Municipio alquila oficinas por doquier para sus dependencias, resultó en vano.
Los afortunados ciudadanos de Cañuelas gozan de una amplia ley que abarca a cualquier autoridad de gobierno, desde el Departamento Ejecutivo, hasta el Concejo Deliberante y la Justicia de Faltas. También deberán cumplir con pedidos de información acerca de empresas de servicios públicos o toda aquella empresa que reciba aportes o subsidios del municipio.
"La experiencia de Cañuelas es valiosísima. Demuestra cómo es posible que ciudadanos afectados en sus derechos se organicen, busquen información y apoyos, se relacionen con expertos y peticionen exitosamente ante sus autoridades. Ahora el desafío es garantizar una efectiva implementación de la ordenanza", opinó Laura Alonso, coordinadora del Area de Acción con Políticos de Poder Ciudadano.
El derecho a la información pública está normado en distintas provincias y municipios del país. Asimismo, el 3 de diciembre de 2003 el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, firmó el decreto 1172 sobre "Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos", que entró en vigencia el pasado 23 de abril. "A este paso puede que en el futuro todos los municipios del país tengan su ordenanza de acceso a la información y el Senado nacional todavía nos siga debiendo una ley sobre el tema", expresó Alonso.

En Pilar exigen "interés legítimo"
Contrariamente, en la cartelera de Mesa de Entradas del Palacio Municipal, recientemente se colgó copia del Dictamen 5564 de la Asesoría General de la Provincia de Buenos Aires referido a la Vista de Expedientes, que en su artículo 4 establece que "sólo podrán acceder al expediente quienes posean un interés legítimo", de modo que hasta el día de hoy sigue siendo imposible para cualquier vecino de Pilar el acceder a la información pública.
Esto motivó que Gabriel Lagomarsino, de Propilar, enviara una carta al Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires consultándolo si se encuentra en vigencia el mencionado Dictamen 5564, ya que en su opinión violaría el Pacto de San José de Costa Rica, y por ende sería inconstitucional.
Aún se aguarda la respuesta de la provincia como así también la que debería dar el responsable de esta adhesión a nivel comunal.

Lic. María Fernanda Ipata