Transparencia Internacional y su capítulo argentino, Poder Ciudadano, presentaron la edición en español del Informe Global de la Corrupción 2004, que registra el ranking de los presidentes sospechados de malversar fondos públicos y recomienda formas para recuperar el dinero robado.
A la convocatoria asistió Gabriel Lagomarsino de ProPilar.

(INFOCIVICA y PROPILAR, 7 mayo de 2004).- Transparencia Internacional y su capítulo argentino, Poder Ciudadano, presentaron hoy la edición en español del Informe Global de la Corrupción (IGC) 2004, que registra el ranking de los presidentes sospechados de malversar fondos públicos y recomienda formas para recuperar el dinero robado.
"La corrupción vinculada a la política genera instituciones débiles, provoca decepciones, escepticismo, crisis y reducción de la confianza en ellas y a partir de ahí, menos interés de muchos ciudadanos en apostar a la democracia como modo de vida. Es importante que se entienda que esta debilidad de la política pone en juego a la gobernabilidad y compromete la legitimidad misma del sistema democrático", expresó Mario Rejtman Farah, Presidente de Poder Ciudadano, durante el lanzamiento realizado esta tarde para toda Latinoamérica en la Feria del Libro en Buenos Aires.
Además de Rejtman Farah, participaron del panel el secretario ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez; el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido; y el periodista y presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Daniel Santoro.
"Es un momento más que oportuno para el lanzamiento de la publicación, ya que hay un cambio en el clima político en el país y un mayor compromiso de la sociedad civil en su participación en los espacios públicos", expresó Alvarez.
El ex vicepresidente consideró además que "la combinación entre la pobreza y la baja institucionalidad es letal para el desarrollo de los países de la región. Por eso, muchas sociedades eligen la opción de crecer con una dictadura, debido a que la democracia tiene dificultad en lograr un mayor nivel de equidad y transparencia que conduzcan al crecimiento".
Por su parte, Garrido opinó que "este un informe muy valioso, que refleja las asignaturas pendientes y sirve como guía para mejorar las instituciones".
El Informe Global de la Corrupción 2004, publicado en español por Prometeo Libros y cuyo enfoque especial es la corrupción política, expone en detalle los fondos supuestamente malversados por diez líderes políticos de las últimas dos décadas. El presidente de Indonesia entre 1967 y 1998, Mohamed Suharto, encabeza la lista de los más corruptos. Se dice que malversó de 15 mil a 35 mil millones de dólares en un país donde el PIB per capita ronda los 700 dólares.
A nivel latinoamericano, en el séptimo lugar figura el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien desde 1990 a 2000, habría robado 600 millones de dólares. Lo sigue en el noveno lugar el que fue presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, Arnoldo Alemán, con 100 millones de dólares, en un país con una renta per cápita de 490 dólares.
"Casos como el de Alemán y Fujimori nos muestran que existen situaciones políticas complicadas en Latinoamérica y es necesario que la elite política sea castigada y perseguida por sus delitos. La altísima suma de fondos robados por políticos corruptos debe volver a las arcas de los estados de los cuales fueron sustraídas para asegurar el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos," advirtió Silke Pfeiffer, Directora del Departamento de las Américas en la Secretaría de Transparency International.

El caso argentino
El IGC incluye evaluaciones sobre el estado de la corrupción en 34 países, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Guatemala. Si bien del informe se desprende que Latinoamérica todavía se caracteriza por las grandes diferencias existentes en la legislación sobre el financiamiento de las campañas electorales, también se destaca que Argentina es el país modelo más completo en materia de restricciones y transparencia.
Esto se debe a que en junio del 2002, el Congreso aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos que establece el primer marco regulatorio para donantes, donaciones y gastos de campaña. Por otro lado, si bien destaca la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley de acceso a la información, advierte que la sanción de la norma está aún pendiente en el Senado.
En este sentido, "Chacho" Alvarez precisó durante el lanzamiento que "el informe nos da un instrumento para controlar las cuentas partidarias, que es el corazón de la vida política".
El acápite argentino también señala como positiva la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la firma por parte del presidente Néstor Kirchner del decreto que lo autolimita en la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Pero el ICG también llama la atención sobre las situaciones de debilidad institucional. En el tema de la división de poderes y la situación de la Justicia, cita el caso del juez Roberto Gareca, de Salta, quien investigó y acusó por corrupción a numerosos funcionarios de la administración del gobernador Juan Carlos Romero y luego fue removido mediante un proceso cuestionado por inconstitucional.
Otro de los ejemplos es el del actual intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, quien fue removido de su cargo de Fiscal Anticorrupción provincial por el gobernador José Manuel De La Sota. Juez había estado investigando a miembros de su gobierno, entre ellos, a la esposa del mandatario, Olga Ruitort.
Como otra irregularidad institucional, menciona la nominación por parte del presidente Kirchner de Alejandra Minnicelli, esposa del ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, Julio de Vido, al frente de la Sindicatura General de la Nación, órgano esencial en el control de la gestión pública.
En relación a la libertad de prensa en Argentina, el ICG describe el caso del corresponsal del Financial Times, Thomas Catan, quien vio amenazado su derecho a la confidencialidad de las fuentes luego de publicar la sospecha de que los senadores habrían pedido sobornos a banqueros extranjeros en el país como condición para frenar una ley que reinstalaba un impuesto a los Bancos.

El caso pilarense
A la hora de las preguntas, Gabriel Lagomarsino de ProPilar le preguntó al periodista y Presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Daniel Santoro cómo oponerse a la censura que los gobiernos locales y federales ejercen sobre los medios mediante el otorgamiento discrecional de recursos como pago por publicidad oficial, tal como en esta semana fue denunciado por un medio de Pilar ante la Defensora del Pueblo, y que para el caso del gobierno nacional, fue publicado en el último número de la revista Noticias (nota de tapa referida a la censura que habría sufrido el periodista Jorge Lanata); Santoro respondió que el mejor antídoto es una ciudadanía activa, pero que desde el estado se debería efectuar algo así como un "observatorio de medios", para dar a conocer cómo se reparte la torta publicitaria; y que otra solución sería contar con un código de ética periodística.
Recordemos que el HCD local tiene en sus manos un proyecto aún no aprobado de Ordenanza de Acceso a la Información; la propuesta fue presentada por ProPilar el mes pasado, y ha sido apoyada entre otras instituciones por la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

Estándares de transparencia
Esta publicación anual de Transparencia Internacional, cuya versión en inglés se presentó el pasado 25 de marzo en Londres, incluye los Estándares sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad, definiendo un programa para la transparencia en el financiamiento político y de campañas en un año en el que se celebrarán elecciones claves en países donde la corrupción es un problema persistente. Entre las recomendaciones, se encuentran una base de financiación diversificada, el acceso equitativo a los medios de comunicación y disposiciones para el monitoreo del financiamiento político por parte la sociedad civil.
El Informe señala que: 'En nuestra experiencia, son dos las reformas políticas más promisorias para reducir la corrupción y promover la confianza de la ciudadanía en el gobierno: desarrollo  de un régimen de acceso a la información y reforma de los sistemas de financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas.'
'El acceso a la información que posee el gobierno permite a los ciudadanos hacer responsable al gobierno por sus decisiones políticas y sus gastos públicos. Los ciudadanos informados pueden participar más plenamente en su democracia y elegir
más efectivamente a sus representantes. Lo importante es que se puedan usar las leyes de acceso a la información para asegurar la continuidad de los derechos humanos básicos y el cumplimiento de las necesidades fundamentales, en tanto
los individuos puedan exigir información vinculada con viviendas, educación y beneficios públicos. Esas leyes también ayudan al gobierno, en la medida en que aumentan la eficiencia y la organización de información crítica. Se mejora la gestión,
y se asegura al sector privado condiciones de inversión más transparentes. El acceso a la información traza un puente entre el Estado y la sociedad como socia para desarrollar la transparencia.'
También se puede encontrar análisis de desarrollos recientes a nivel global y regional, incluida la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas y el impacto de la expansión de la Unión Europea sobre la corrupción.
"Los hechos de corrupción se caracterizan por su complejidad y para investigar, contamos con herramientas del siglo XIX", expresó Garrido al hacer mención a las dificultades. Agregó que "tampoco llega la información a los órganos de control porque muchos funcionarios que son testigos reciben represalias o pierden su trabajo"; asimismo, dijo que "no se llega a acceder a los grandes hechos de corrupción porque no hay libre acceso a la información... Ha habido avances (con respecto al acceso a la información) por el decreto del presidente Kirchner (Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública) en el ámbito federal, pero hay otros niveles (de gobierno) en la Argentina que carecen de control alguno", en clara alusión al ámbito de los gobiernos provinciales y municipales.
Rejtman Farah aseguró que "la corrupción afecta a la democracia, perjudica el desarrollo e impide el acceso a la libertad, que queda en manos de los corruptos".
Desde su visión periodística, Daniel Santoro destacó "el nuevo rol de la prensa como perro guardián de la democracia con el fin de mejorar su calidad". Alvarez agregó que "se necesita voluntad política para sanear las instituciones del país y que los órganos de control tengan más credibilidad". Asimismo alentó a la sociedad civil a ser más activa.
Para acceder al informe completo del IGC en español, haga click aquí.
Para mayor información, comunicarse con Poder Ciudadano al 4331-4925 internos 222/223 o al 155-114-7202.