Pilar, 25 de Mayo de 2004
Sr. Director
De mi mayor estima:

No hay dudas que resulta imprescindible contar con una norma que "garantice" el acceso a la información en el ámbito de la Municipalidad del Pilar, condición que permitirá controlar los actos de nuestros gobernantes, y así reducir los hechos de corrupción que se producen o se sospechan con alarmante cotidianeidad, como así también, permitirá a los pilarenses planificar con más certeza sus acciones, en base a cierta y lógica previsibilidad.
La ordenanza, que tiene su correlato en un reciente decreto presidencial que persigue la implementación del acceso a la información pública en la esfera nacional, como en leyes en vigencia en varias provincias de nuestro país, fue presentada en el Concejo Deliberante por una ONG´s, recibiendo el apoyo de diversas instituciones y organismos locales, provinciales y nacionales, y la indiferencia y el recelo de la mayoría de los concejales, tal vez resguardando el secreto que rodea la cantidad de empleados que poseen (que algunos se atreven a fijar en una cantidad de 80 en total) o bien su patrimonio personal, construido en base a una remuneración de algo más de 1.100 pesos que les permite mágicamente movilizarse en lujosas camionetas último modelo y comunicarse con la más alta tecnología en telefonía celular.
La legislación permitiría entre otras cosas saber cuánto gasta la Municipalidad en alquileres para sus decenas de dependencias y qué cantidad de personal existe o en cuánto se incrementó desde la asunción de la nueva administración. Llamativamente el Intendente Zuccaro, quien se autoproclama como el campeón de la transparencia y la anticorrupción, no se pronunció a favor de la aprobación de la ordenanza. Sólo se limitó sutilmente a restarle argumentos, dando a conocer y sin ponerse colorado que incrementó en 280 miembros el personal municipal o la cantidad de dinero (más de 100.000 pesos anuales) que demandará el alquiler de las oficinas municipales. Ahora sobre el porqué de los 280 empleados que contrató, ni noticias, como así tampoco cuánto paga con nuestro dinero la locación del edificio donde se aloja la Dirección de Turismo y Deportes, propiedad de la señora madre de su esposa, es decir, su suegra.
Por ello, asegurar el acceso a la información pública, derecho reconocido por los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional, resulta indispensable, como asimismo tendrá a sus censores. Vaya paradoja en un país democrático que como hace casi 200 años, aún "el pueblo quiere saber de que se trata".

Arturo J. Medone
DNI 08.411.055

P.D.: Muchas gracias por permitirme expresar.