Por el Dr. Pablo A. Aiello*

La venta de calles y terrenos fiscales siempre fue un tema controvertido y en muchas ocasiones este tipo de operaciones ha sembrado sospechas sobre quienes participaron en ellas. En especial cuando son tratadas por el cuerpo del HCD, con sorprendente asistencia perfecta a la hora de estudiar un expediente como el de ventas de calles.
Una vez debemos presenciar un bochornoso espectáculo en el que los responsables de diferentes emprendimientos urbanísticos se presentan como la solución ideal para que la gestión municipal actual cristalice sus ansias de obras públicas, demoradas por sus ya crónicos problemas financieros.
Por otra parte algunos ediles tratan de diferenciarse del Ejecutivo al sugerir sólo una corrección en pocos centavos al precio otorgado a los más de 1 millón de metros cuadrados que se pretenden enajenar, en vez de fijar un valor real y equitativo para las tierras. Por último están los que desde el gobierno se autojustifican al rescatar similares cotizaciones de la anterior gestión.
Es in-entendible que si en muchos de estos clubes de campo el metro cuadrado de tierra promedia los 60 dólares, que el gobierno se entusiasme por una oferta irrisoria cercana a los 7 pesos por metro cuadrado.
Se ha tratado de aclarar desde esferas oficiales que las tierras tienen como destino exclusivo el ser espacios verdes y por eso su bajo precio. Sin embargo hay que destacar que indirectamente los countries se ven beneficiados por el valor agregado que estas parcelas les trae aparejadas como lo es la construcción de campos de golf sobre ellas.
El fundamento que esgrime el gobierno a la hora de apoyar esta venta, es que necesitan dinero para pavimentar calles y sugiere que no presionar a los countries para que la operación no se caiga, puesto que de ocurrir ésto, nos quedamos sin el vital dinero y por ende los tan esperados pavimentos.
Por consiguiente, a quienes se enrolan en la búsqueda de un mejor precio para las calles y terrenos fiscales o a quienes procuran otra alternativa más idónea, se los intenta mostrar como saboteadores de la ilusión de los vecinos.
¿La venta de estas calles y parcelas es la única alternativa? Por supuesto que no.
Con seguridad, quien ocupa un espacio y no lo puede comprar como mínimo lo debe alquilar; ésta sería la manera correcta de proteger al patrimonio municipal y mejoraría el estado del erario comunal.
Lógicamente que las expectativas del gobierno están puestas en la percepción de un gran volumen de dinero (hay que hacer las obras lo más rápido posible) y no en recibirlo en pequeñas dosis (como puede ocurrir por medio de un contrato de locación) lo que demoraría la concreción de las obras públicas prometidas y encuentre a un intendente con las manos vacías de cara a las próximas elecciones.

*Abogado