Aunque parezca terrible, no es anormal que un grupo de delincuentes se asocie para estafar o robar. Lo que sí resulta sugestivamente intolerable e insólito es que un hecho como el comentado siga ocurriendo impunemente luego de haber sido denunciado ante la Justicia con todos los recaudos que la ley exige.
En este caso: ¿Cuántos afectados son víctimas de los estafadores y cuántos de la lentitud y la inoperancia judicial? ¿Quién se hace cargo de las decenas de personas de bajos recursos que pasaron por Villa Rosa a dejar sus 10 pesos cuando la Justicia tiene todo desde hace meses para detener este accionar criminal?
Héctor Daniel Ponce, uno de los perjudicados nos planteó una duda que si bien es difícil de probar, no suena tan ilógica: "cuando fui (al local de Villa Rosa) había gente de todos lados... imaginate, a 10 pesos por cabeza, se hacían de buenos ingresos... Estoy seguro que hay una combinación con la policía, sino cómo se explica que sigan atendiendo".
Más allá de lo razonable que suena esta reflexión, a nuestro entender Ponce se quedó corto trazando su "línea de responsabilidades".
Estos malhechores HOY continúan operando al amparo de la acción u omisión del Fiscal Marcelo Vaiani.
Es posible que después de esta nota lleguen las explicaciones y hasta tal vez alguna carta documento a nuestra redacción; lo cierto es que algunos representantes de la Justicia tienen tiempos y prioridades distintas a las del hombre común.
Y los hombres comunes muchas veces nos negamos a entender cada vez que el derecho no cierra con el sentido común.
En vez de ello solemos preguntamos hasta qué punto la lentitud, la inoperancia o la ineptitud de un funcionario judicial apegado ciegamente a lo meramente administrativo no rozan con la complicidad.

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