El pasado 26 de enero, la comunidad asistía sorprendida a la aprobación, por parte del HCD, de un total de dieciséis excepciones que permitieron la instalación de antenas de telefonía celular en todo en Distrito, iniciativa que había sido rechazada en septiembre y de manera unánime por los mismos ediles.
Comprometidos con el tema, tanto la Defensoría del Pueblo como la organización cívica no partidaria ProPilar conversaron con WebPilar.com acerca de las acciones que vienen realizando para evitar el impacto ambiental que las antenas podrían provocar. Cabe recordar que dos de ellas ya están erigidas, en los barrios Pellegrini y San Jorge, aunque todavía permanecen inactivas. 

"Por estos días -indicó Gabriel Lagomarsino, referente de ProPilar- estamos tratando de hacernos del expediente, en donde supuestamente figuran todas las mediciones de impacto ambiental presentadas por la empresa CTI". En este sentido, la asociación civil solicitó por escrito una copia de la documentación, remarcando nuevamente la importancia de contar con un libre acceso a la información pública, iniciativa que fue enviada a archivo por los concejales el año último.

El Concejo
El propio Humberto Zúccaro deslindó responsabilidades y culpó al legislativo de la situación: "tendrán que ir al Concejo a preguntar, yo no me hago cargo de lo que no me corresponde".
En aquella sesión de enero, los dichos que más llamaron la atención fueron los del presidente del HCD, Dr. Marcelo Castillo, quien pronunció un encendido discurso de apoyo a la instalación de las antenas, negando enfáticamente que se haya comprobado el daño que éstas provocarían en la salud de los habitantes. "Las palabras son más graves -criticó Lagomarsino- si tomamos en cuenta que Castillo es médico. Y si bien no se comprobó que hagan daño, tampoco se comprobó de manera definitiva que no lo haga".
Por su parte, en la Defensoría del Pueblo, Darío Dalinger informó que "está por promulgarse una nueva resolución de la Secretaría de Política Ambiental, en la que se establecen medidas mínimas de seguridad, como por ejemplo la imposibilidad de instalar antenas a menos de 100 mts de hospitales, salas de primeros auxilios y escuelas". Además, indicó que una copia ya fue remitida a Oscar Salom, titular de la cartera de Medio Ambiente municipal.
Tanto Lagomarsino como Dalinger coincidieron en afirmar que "como vecinos, reconocemos la importancia y la necesidad de instalar antenas, pero eso no impide que luchemos para que provoquen el menor impacto ambiental posible". El hombre de la Defensoría fue más allá: "la resolución aún no es obligatoria, pero una vez que esté vigente se relevará a todas las antenas, corriendo a las que se tengan que correr".

Tasas polémicas
Una de las justificaciones que esbozaron los ediles a la hora de votar a favor de las excepciones fue el "compromiso" que asumió la empresa CTI para pagar las correspondientes tasas anuales, cuyo valor es de 5.000 pesos por antena, especificado en la Ordenanza Fiscal y Tributaria 2004.
"Los concejales 'premiaron' a CTI por comprometerse a pagar las tasas -expresó Lagomarsino-, ¿eso quiere decir que los demás no cumplen con algo que es obligatorio? Por lo visto, algo que debería ser normal, nadie lo hace".
En un escrito entregado al intendente Zúccaro, ProPilar asegura que "las declaraciones de funcionarios permiten inferir que podría haber instalaciones de antenas de telefonía celular que no cuenten con la habilitación municipal. (...) Ello importaría una situación de riesgo agravada para la población y el ambiente, toda vez que la Municipalidad Del Pilar no podría ejercer su función de control sobre las actividades que desconoce".
Por los motivos antes expresados, la asociación pidió el listado de las instalaciones de antenas de telefonía celular existentes en el Partido (ubicación catastral, titular o grupo inversor, fecha de habilitación o situación en cuanto a ella, compañías aseguradoras, y características técnicas tales como potencia, altura de la estructura soporte, informes sobre obras complementarias, etc.) que hayan tributado o no el Tributo por Servicios de Inspección para Habilitación de Comercios e Industrias y el monto pagado por cada una de las instalaciones del punto anterior como consecuencia de la percepción del Tributo por Servicios de Inspección para Habilitación de Comercios e Industrias.
Esta solicitud fue desestimada por el mismo Jefe de Gabinete en la reunión mantenida con los vecinos de Barrio Pellegrini quien exigió que ProPilar acredite interés legítimo en la cuestión. A la mañana siguiente, en un escrito de seis carillas, Gabriel Lagomarsino se expidió al respecto acreditando más de un argumento.
Lagomarsino afirmó: "estamos en tratativas con dos abogados para que trabajen en el tema, ya que en nuestro pensamiento está la idea de hacer una presentación judicial".

Casi un año de lucha
La preocupación del actual personal de la Defensoría del Pueblo por el caso de la instalación de antenas se remonta a mediados del año anterior, cuando se redactó una Actuación de Oficio, luego de reparar en la gran cantidad de antenas existentes en el Distrito. La respuesta oficial apenas se basó en una tímida adhesión de palabra que no encontró una correlación en los hechos.
Basado en datos obtenidos de publicaciones europeas, el informe brindaba un detallado análisis del tratamiento que se les da a esas estructuras en el Primer Mundo. Además, se enumeraban una serie de recomendaciones y de restricciones que aquellos profesionales señalan: distancia mínima entre la antena y el poblado más cercano, determinación del grado de emisión, señalización obligatoria de la dirección y teléfono de la empresa, etc.
En la Actuación se destacaba lo que en Europa se denomina "principio de precaución". López lo explica así: "lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es muy simple: ante la duda, se las considera dañinas hasta que se demuestre lo contrario. Claro que esto pasa en Europa, y nuestra sociedad está a años luz de lo que allí sucede".
Asimismo, el coordinador recordó que "en Pilar, por lo visto, se piensa al revés. Zúccaro y Castillo justificaron el caso indicando que no está comprobado que las antenas sean nocivas para la salud. Esto es llamativo, más viniendo de dos médicos".
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San Jorge y Pellegrini unidos por el mismo problema
Los vecinos del barrio Pellegrini tienen buenos motivos para mantenerse alertas: ocupados desde hace un buen tiempo en luchar por el cierre de la tosquera que funciona en la ex fábrica militar, en los últimos días se les ha sumado el problema de la instalación de una antena de telefonía celular, producto de la excepción aprobada por los ediles, teniendo en cuenta que según la ley está prohibida su instalación en el barrio.
Ubicada en la intersección de las calles Savio y San Agustín, la enorme estructura fue instalada hace aproximadamente 20 días, permaneciendo todavía inactiva, al igual que su "compañera" del barrio San Jorge.
La vecina Kelly Da Silva, integrante de la comisión barrial (grupo conformado pensando en la tosquera, y que se encontró con este nuevo problema) indicó a PilarWeek que "desde el momento en que se aprobaron las excepciones supimos que una antena nos iba a tocar a nosotros". Sin embargo, Da Silva aseguró que la ubicación actual es errónea: "en el expediente la zona figura como perteneciente al barrio 'El Alazán', cuando no lo es".
En la reunión, los vecinos también denunciaron la suspicaz donación de CTI de 100 mil pesos, la cual según el propio intendente, "al día de hoy no ingresó a las arcas municipales". En ese encuentro, Zúccaro aseguró que 2vamos a encontrar la solución, sólo denme 15 días".
Sin embargo, los descreídos vecinos no dudan en que pasará lo mismo que con la tosquera, que a menos de una semana de clausurada ya estaba funcionando nuevamente.
Al igual que en San Jorge, en el barrio no se conoce aún el grado de emisión de la antena. "Además, en la misma cuadra está ubicado un geriátrico. Alguien debería venir a controlar si se están cumpliendo los requisitos básicos", expresó Kelly, quien todavía desconocía la futura visita de personal de la Secretaría de Política Ambiental.
Sin descuidar el "Tosca Gate", los vecinos del Pellegrini han abierto un nuevo frente de batalla, y ahora apuntan a la desinstalación de la antena. Luego de una reunión mantenida en el Palacio Municipal, el intendente Humberto Zúccaro pidió 15 días para estudiar el tema, poniendo a cargo de la investigación al jefe de Gabinete, Osvaldo Pugliese: ese plazo se vence el martes próximo. Y si bien existió una charla el jueves por la mañana, los presentes aseguran que el tema central fue "Laguna Dorada", prorrogando el caso de la antena para la semana próxima.

También en San Jorge
El tema de la llegada de más antenas de telefonía celular a distintos rincones del Distrito está lejos de sufrir un corte definitivo, o al menos eso parece, de acuerdo con la experiencia que están viviendo los vecinos del barrio San Jorge: allí, sin previo aviso a la comunidad, un equipo de trabajadores de la empresa CTI instaló una antena, de la que no se conoce su potencia ni los efectos que causaría en la salud de la población.
"Los camiones llegaron el pasado 20 de febrero a la noche, y se pusieron a trabajar de inmediato", relató a WebPilar.com Alejandra Holm, miembro del grupo de vecinos que repudió la llegada de la antena. Sin perder el tiempo, se dirigió al palacio municipal cinco días más tarde, iniciando así el expediente Nº 001733, sin respuesta alguna por el momento. "En Mesa de Entradas me aseguraron que ya estaba en la oficina del director de Planeamiento, Marcelo Loyola, pero todavía nadie se acercó al lugar".
Ubicada en la intersección de las calles Los Ceibos y Los Pinos, la antena ya está montada, aunque todavía permanece inactiva. Se asienta en un terreno propiedad de un ex vecino de la zona, que estaría alquilando el espacio por una suma cercana a los $1.500 mensuales, de acuerdo con las averiguaciones que los vecinos pudieron realizar. "Tuvimos que recolectar información por nuestra cuenta -explica Holm-, porque el personal de la empresa se mostró reacio a hablarnos del tema, ya que parece molestarles que nos acerquemos a preguntar".
La obra se realizó de la noche a la mañana, sin previo aviso ni información de ningún tipo. Ni siquiera un letrero. El lugar elegido no parece ser el más propicio: a pocos metros se encuentran el comedor comunitario "Confiar" (donde comen 250 chicos por día, además de brindar atención médica y psiquiátrica), la capilla San Francisco y, próximamente, una sala de primeros auxilios.
"En el barrio ya recolectamos alrededor de 60 firmas -informó la vecina-, ya que la gente comenzó a preocuparse desde que se confirmó que es una antena de CTI. Además, estuvimos averiguando en Internet acerca de los riesgos que podría traer a nuestra salud". Si bien no se conoce su potencia, se estima que su radio de acción también podría llegar a abarcar los barrios El Manantial, Los Grillos, El Panchito y Carabasa.
"Queremos ocuparnos del asunto desde ahora -señala Holm-, para que no suceda como en el caso del PCB, que cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. No queremos ser ratitas de laboratorio".