El Dr. Tomás Pérez Bodria es conjuez de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense. Este año, se candidatea a la presidencia del Colegio de Abogados de San Isidro. En una entrevista a fondo, habla de su concepción de la Justicia y el sistema judicial.

Para Tomás Pérez Bodria, el 2006 no será un año más en su amplia trayectoria como abogado y jurista. Ya comenzó a componer los tribunales de enjuiciamiento contra jueces que se vean involucrados en causas penales y, en mayo, podría ver coronados sus 28 años de carrera nada menos que con la presidencia del Colegio de Abogados de San Isidro.
El experimentado letrado pilarense es desde octubre pasado conjuez de la Corte Suprema de Justicia provincial. La nominación es la máxima distinción que el Tribunal puede otorgar a un abogado y se entrega de acuerdo con la trayectoria del profesional. Ésta habilita para formar parte de los juries de enjuiciamiento contra magistrados provinciales.
Crítico absoluto de la última reforma judicial realizada en la Provincia hace siete años, considera que el nuevo sistema creado es el responsable de la mayoría de las falencias de las que sufre actualmente la Justicia bonaerense. De hecho, una de sus plataformas de campaña para obtener la titularidad del cuerpo colegiado de San Isidro es, precisamente, impulsar una nueva modificación del Código Procesal Penal, con el fin de agilizar los burocráticos procesos judiciales.
En una entrevista exclusiva para Revista Pilar City & Countries, Pérez Bodria explica las razones de un presente poco eficiente del sistema punitivo del Estado provincial.

Revista Pilar -¿Cómo calificaría el nivel actual de los jueces provinciales?
Tomás Pérez Bodria -La sanción del nuevo Código de Procedimientos Penal, en el año 1998, requirió la nominación de una alta cantidad de funcionarios judiciales. Esta necesidad significó que la misión del Consejo de la Magistratura (que elige los postulantes a juez) se hiciera con cierta laxitud, porque de lo contrario se corría el riesgo de quedarse sin los funcionarios que permitieran la puesta en marcha de la nueva herramienta procesal.
Esa fue una situación desfavorable para la calidad en la composición del poder judicial y tuvo que ver con un error importante del Gobernador de entonces, Eduardo Duhalde, que se apresuró en la sanción de la Ley. Hacía falta más tiempo para conformar todas las estructuras judiciales e incluso para formar a los futuros jueces. En Córdoba, cuya estructura judicial se copió en Buenos Aires, se tomaron cinco años para poner en marcha la reforma.

RP-¿Quiere decir que existen jueces que hoy permanecen en sus cargos, y que durante la reforma judicial no estaban totalmente aptos?
PB -La reforma, mal implementada, llevó a que hubiera una permisión mayor a la deseable en la nominación de muchos de los jueces que hoy están a cargo de la Justicia Penal. Tal vez habría otros mejores; pero con los que se postularon, no se habría podido completar el número de jueces necesarios para hacer funcionar el sistema si se hubiera afinado la puntería respecto de la calidad de los mismos. Existen jueces que fueron nombrados porque no había otros mejores.

RP-¿Cuál es el área cuyo estado es más crítico en la Justicia provincial?
PB-Indudablemente, el Fuero Penal. Este está sometido a un bombardeo de causas muy importante, de las cuales la mayoría no pertenece a las que más daño hacen a la sociedad. Es un serio déficit del sistema, porque contribuye a deslegitimarlo. Los que más daño causan a la sociedad, seguramente no son quienes hoy están absorbidos por la agencia penal. Hay delitos de los llamados de guante blanco, delitos contra la administración pública, en los cuales un solo hecho muchas veces produce un impacto -si bien económico- en vidas humanas, salud pública, educación, que es en comparación infinitamente superior al que producen -en su conjunto- los que hoy son sometidos a proceso.
Ante esto, la Justicia está absolutamente mal preparada. Si no se cambia este nivel de legitimación, preparándose a la Justicia para asumir la responsabilidad de perseguir y procesar estos delitos de guante blanco, evidentemente la legitimación del Poder Judicial en el Fuero Penal va a continuar decreciendo.

RP-¿Sería necesario, entonces, avanzar en una reestructuración general del sistema de Justicia en la Provincia?
PB -Yo creo que incluso sería menos costoso que mantener el sistema actual, porque éste está poblado de una infinidad de causas que pertenecen a personas procesadas, sin sentencia sino hasta varios años después, que en su mayoría son las que provocan la superpoblación de las cárceles. El sistema está absolutamente colapsado, y así, lamentablemente, no sirve. Hay que poner en manos de las propias víctimas el movimiento de las causas de delitos menores contra la acción privada, de manera que si no hay interés de la víctima por seguir un proceso, este deba decaer. Además, hay que preparar en ese sentido a los mismos funcionarios judiciales que están trabajando actualmente y dotarlos de los gabinetes técnicos y científicos necesarios para poder investigar delitos de gran complejidad económica o administrativa.

RP- ¿Cómo repercute esta implementación del sistema judicial en la actividad de los abogados particulares?
PB -Indudablemente, los abogados que hoy se abocan a causas penales tienen cada vez menos trabajo, producto de que el 98 por ciento de los procesados son absorbidos por la égida de la Defensoría Oficial, por razones económicas de los imputados. Al mismo tiempo, el sistema de defensa oficial es absolutamente insuficiente porque son muy pocos en relación al impacto de la demanda.
Por esta situación hay muchas personas que se quedan sin defensa por largo tiempo y a la vez existe mucha mano de obra ociosa entre los abogados privados.
Lo que se propone desde el Colegio es que de algún modo se incorpore este recurso a la órbita de la defensa oficial, con el Estado naturalmente haciéndose cargo de los honorarios. Esta sería una de las herramientas de una reforma judicial en la Provincia que con los años se hace cada vez más impostergable.