A partir de esta semana, la Policía Bonaerense comenzará a controlar los locales que comercialicen metales no ferrosos, con el fin de colocarle un cerrojo al mercado ilegal que fomenta el robo de elementos metálicos.
Fundamentalmente, los procedimientos apuntarán a prevenir el vandalismo y los hurtos sobre cableado público, placas de monumentos y bocas de tormenta, entre otros objetos que habitualmente son sustraídos de la vía pública para ser comercializados en el circuito negro.

Los comercios de este rubro deberán rubricar un libro de registros en la Policía, en el que deberán detallar cada operación que realicen, así como cada artículo de mercadería que ingrese a sus negocios, indicando procedencia y destino. Además, obviamente, deberán adjuntar la documentación de habilitación del establecimiento.
Las nuevas normas establecen que la fuerza policial de la jurisdicción correspondiente al negocio deberá realizar inspecciones cada 20 días en los mismos, pudiendo multar e incluso clausurar el negocio si no cumplen con la actualización del libro o si en las verificaciones se encuentra mercadería no declarada.

Recientemente, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la ley N° 13.564, que reglamenta una serie de controles y regulaciones para los comercios que trabajen con metales como el cobre, el bronce y el estaño, las aleaciones más buscadas por los ladrones debido a su alto precio (el kilogramo de bronce ronda los 7 pesos y el cobre los 13 pesos).
Por tal motivo, el hurto de esos artículos y en particular la sustracción de cables se ha vuelto un inconveniente sin solución para las fuerzas de seguridad de toda la provincia, y Pilar no escapa a la media.

En diálogo con WebPilar.com el capitán Fernando Marques, titular de la comisaría Primera de Pilar, admitió que "el tema de este delito en los últimos tiempos se nos vino complicando; creo que esta jurisdicción debe ser una de las más perjudicadas".
El problema radicaría en que el robo de cables es tratado por la Justicia como un hurto convencional y, por lo tanto, el que es sorprendido en la comisión de un delito de ese tipo es detenido, pero una vez que se les abrió una causa y si no tiene antecedentes, es dejado en libertad. El funcionario remarcó que, durante su mandato en la comisaría de Villa Rosa -Marques llegó a Pilar hace un mes- se realizaron 14 operativos en los que se detuvo personas y se secuestraron materiales robados, aunque actualmente ninguno está preso.

La ley provincial N° 13.564 toma el espíritu de la N° 13.081, que establece desde hace tres años controles similares para los comercios relacionados con las autopartes, con el fin de erradicar los desarmaderos de vehículos robados.